Como cualquier persona en su sano juicio, opino que es una barbaridad: establece que el usuario de dispositivos tan ubicuos e imprescindibles como la impresora, el escáner o el teléfono móvil tiene intención de infringir la ley. Según como se mire le obliga a pagar de antemano por una infracción que no ha cometido o a comprar por un derecho que, aun en el caso de que quiera, no puede ejercer. Y lo peor es que esta esquizofrenia legal evidencia un problema mucho más serio: nuestros representantes políticos son analfabetos en el medio digital y prefieren dejarse aconsejar por las sociedades con intereses económicos que a los ciudadanos que les mantienen.
Via: El Pais
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